A pocos días de que la Unión Europea anunciara la eliminación gradual de los motores de combustión interna a partir de 2035, una coalición liderada por Alemania e Italia ha amenazado con bloquear la medida si no se garantiza la viabilidad de los ecocombustibles. Ahora, la futura norma de emisiones Euro 7 también enfrenta rechazo por parte de ocho países, aunque España no está entre ellos.

La norma Euro 7 busca reducir aún más los límites de emisiones de los vehículos nuevos, con fechas de implementación previstas para 2025 en turismos y furgonetas, y 2027 en camiones y autobuses. Sin embargo, los fabricantes han expresado su preocupación, argumentando que esta medida retrasaría los objetivos de descarbonización establecidos por Bruselas. Además, con la eliminación de los motores de gasolina y diésel en 2035, sería difícil amortizar las inversiones necesarias para desarrollar tecnologías que cumplan con los requisitos de la nueva normativa. Esto también implicaría desviar fondos destinados a la movilidad eléctrica hacia el cumplimiento de la Euro 7.

En respuesta a esta oposición de la industria, ocho países europeos han firmado un documento para rechazar la norma, lo que podría tener un impacto significativo en el sector y en la economía de estos países. Aunque el documento no tiene un valor formal, representa una declaración de intenciones que podría llevar a cambios sustanciales en la regulación, ya que estos países tienen suficiente poder de voto para bloquear la norma. Los países en cuestión son Francia, Italia, República Checa, Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. Alemania, impulsora de la medida que abre la puerta a los ecocombustibles, aún no ha emitido un comentario al respecto, pero está siguiendo de cerca las discusiones.

Estos ocho países consideran que los límites de emisiones propuestos por la norma Euro 7 “no son realistas en la actualidad” y se oponen a cualquier nueva regla relacionada con las emisiones de escape. Esta postura está en línea con la de la industria, que califica la norma como “inútil” y destaca su potencial impacto negativo sin generar beneficios ambientales significativos. Además, las marcas tendrían que desviar recursos destinados al desarrollo de tecnologías de cero emisiones para cumplir con los requisitos de la Euro 7, lo que retrasaría aún más la implementación de la movilidad eléctrica.

Además, el incremento de los costos de los vehículos de gasolina y diésel dificultaría aún más el acceso a estos automóviles para los segmentos de la sociedad con menores ingresos. Esto podría llevar al abandono de la producción de coches más pequeños debido a la falta de rentabilidad en esos segmentos de mercado. La situación continúa en desarrollo y se espera que se produzcan más debates y negociaciones en torno a la norma Euro 7.