Hace un año que se aprobó por ley el nuevo sistema sancionador para combatir la morosidad en el transporte por carretera. El plazo máximo de pago de los clientes para los transportistas ha pasado a ser positivo, pasando de un promedio de 81 días a 69 en octubre de este año, aunque el máximo de 60 aún está lejos.
Esto se refleja en la reducción del número de empresas que no cumplen la legislación sobre morosidad, que representan el 54%, de los cuales el 30% más de 90 días e incluso el 11%, 120 días.
En el Plan Nacional de Inspección de Transporte para el año 2023 se incluye como medida prioritaria el control de los plazos de pago para conseguir en el futuro el pleno cumplimiento y la exigibilidad de la normativa de morosidad en los transportes.
